Luego de la publicación de la historia El saqueo a los fondos públicos detrás del chat, se produjeron las reacciones de Elías Sánchez, Zoraida Buxó y Carolina Catering.
La falta de liderato y de poder de convocatoria masiva de las organizaciones de la sociedad civil, dan paso a las multitudes en movimiento que, aunque sigan un mismo fin, se organizan y se desplazan de forma fragmentada, orgánica e impredecible. Todo el mundo aquí pide la renuncia del Gobernador y sin embargo, la “generación del yo no me dejo” no tiene esperanza en ninguno de los posibles sustitutos.
Elías Sánchez, Carlos Bermúdez y Edwin Miranda han generado millones a través de sus negocios y han decidido buena parte de lo que ha pasado en el Gobierno en términos de contrataciones, despidos y proyección pública desde que Rosselló Nevares asumió el cargo en enero de 2017, coinciden las fuentes. En el caso de Sánchez, también hay intervenciones indebidas e ilegales con secretarios de gabinete.
El país ha visto a Rosselló resbalándose una y otra vez en la misma cáscara de guineo. En la marcha contra Rosselló del miércoles 17 de de julio, cuando cientos de miles de manifestantes se congregaron por cuarto día consecutivo para exigir su dimisión, estaba claro que prácticamente todo el país se le había volcado en contra.
Día tras otro, el líder de la Manada, el propio gobernador Ricardo Rosselló pide perdón, dice que cometió un error, que no lo vuelve a hacer. Como si lo que revelaron las casi 900 páginas de sus conversaciones electrónicas privadas, con las personas más allegadas a él, — dentro y fuera del gobierno — fuese algo que podríamos llamar error.
Los participantes discutían temas de política pública e información privilegiada frente a personas que no tienen una relación oficial con el Gobierno. Los intercambios — que van desde finales de 2018 al 20 de enero de este año — también muestran la fijación y manipulación de sondeos políticos para adelantar la imagen pública del Gobernador y su administración.
Muchos, de derecha y de izquierda, vociferarán su rechazo, pero en lo íntimo, saben que también, con sus amigos, hablan de putas y gatitas. Hablan así de sus jefas, de sus compañeras de clase, de las manifestantes en el Capitolio y La Fortaleza. Esa hipocresía es el germen de la violencia a las mujeres.
La querella se recoge en una carta dirigida tanto a la NOAA como al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) e indica que esta última agencia no les ha presentado un plan o presupuesto para el uso de los fondos federales luego de que fueran aprobados en febrero de 2018.
Acreditarse avances y números positivos luego de una catástrofe natural o una depresión económica son estrategias engañosas de funcionarios a nivel global
Las tres organizaciones expresaron su rechazo a los proyectos y solicitaron una reunión urgente al Gobernador para explicarle en detalle la razones para pedir que las vete de inmediato.
La demanda exige la divulgación de archivos relacionados al proceso de nombramiento, los informes financieros, y otros documentos relacionados a afiliaciones de los miembros de la JCF.
Los documentos contienen detalles actualizados sobre recortes en nómina, reducción en gastos operacionales, consolidaciones de agencias, recaudos, al igual que datos sobre reformas como las de pensiones, bienestar social, energía y salud.
“Los documentos, materiales e información solicitados por el CPI son originados, conservados y/o recibidos por una dependencia del ELA. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, lee la demanda.
El Gobierno de Puerto Rico cierra el año 2018 como defensor de la desprestigiada práctica de regalar y mantener ocultos los privilegios fiscales. La organización Espacios Abiertos (EA), que promueve la transparencia gubernamental, tuvo que demandar al Gobierno para que este publique un informe con la cantidad de impuestos que le reduce al sector empresarial. La respuesta de la administración de Ricardo Rosselló, que llegó a Fortaleza con una promesa de gobierno transparente, fue indicar que no podía publicar el informe porque contiene información confidencial. Pero EA no está pidiendo detalles como números de seguro social patronal ni información de las planillas de los receptores de estos beneficios contributivos. Lo que solicita es un tax abatement report, que es un informe que detalla cuáles fueron esas reducciones de impuestos, a cuánto ascienden, con qué objetivos fueron otorgadas, qué compromisos contrajeron quienes las recibieron y si en realidad devolvieron a cambio un desarrollo económico.
La quiebra de Puerto Rico le ha costado al pueblo más de $225 millones en un año, solamente en abogados y consultores financieros. Se proyecta que el gasto ascenderá a $1,200 millones durante los próximos seis años, incluyendo los gastos de la Junta de Control Fiscal. Empujé líneas como estas, con sus variaciones, como apuesta para comenzar una serie de historias que indagara en la facturación en servicios profesionales dentro del proceso de bancarrota que enfrenta la isla. No tuve éxito. Cuando se habla de cientos de millones de dólares, cifras por sí solas no alcanzan a explicar la magnitud del asunto.
La integración de diversas voces en el desarrollo de una noticia que trata sobre la ampliación de derechos a grupos puede ser visto como un principio básico en el ejercicio del periodismo. Sin embargo, ¿cuán necesaria es la inclusión de opiniones de sectores que se oponen a que poblaciones históricamente discriminadas sean reivindicadas con el reconocimiento de derechos por los cuales han luchado por décadas? ¿Cuánto aportan esas voces de opositores a la calidad de la nota de prensa o el reportaje? A juicio de algunos periodistas y activistas, no existe justificación en incluir voces de religiosos fundamentalistas en la cobertura mediática sobre la ampliación de las protecciones civiles hacia personas de la comunidad LGBTTIQ. “En el asunto de derechos civiles y derechos humanos, y la decisión que hubo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos diciendo que es inconstitucional que dos personas del mismo sexo no se puedan casar, los religiosos no tienen nada que opinar.
Periodistas del semanario Caribbean Business, los diarios NotiCel y Metro, y la revista Buena Vida fueron seleccionados para recibir becas de $2,000 para realizar investigaciones periodísticas en colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Los reportajes abordarán temas de seguridad alimentaria, desarrollo económico, salud y salud mental. De esta forma, el Instituto de Formación Periodística del CPI continúa expandiendo su oferta de desarrollo profesional para periodistas de Puerto Rico y el Caribe, en esta ocasión, con el apoyo de las organizaciones Internews, NetHope y el Center for Disaster Philanthropy. Los ganadores de la beca fueron Yanira Hernández (Caribbean Business), Tatiana Díaz y Adriana de Jesús Salamán (NotiCel), Aiola Virella y Ronald Avila (Metro) y Sandra López (Buena Vida). Del 30 de mayo al 1 de junio, el Instituto realizó la jornada de talleres Periodismo de datos sobre la recuperación, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
