En estos tiempos es realmente complicado abrir los periódicos y no encontrar alguna noticia (o escándalo) relacionada con la corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, etc. Esto ocurre también cuando nos enfocamos en el estado actual de los derechos humanos en todo el mundo. Puede parecer que una cosa no está relacionada con la otra. Pero, el fraude fiscal provoca un vacío de recursos para que los Estados cumplan con sus obligaciones de derechos humanos.

¿Esto que tiene que ver con lo anterior? Los mecanismos que tienen los Estados para garantizar los derechos humanos, cosa a la que por otro lado están obligados, son los ingresos del Estado. Es decir, los ingresos del Estado, recaudados fundamentalmente a partir de los impuestos, sirven para financiar los servicios públicos. En consecuencia son elementos vitales y necesarios para combatir la pobreza y la desigualdad.

De hecho, sendos titulares y grandes reportajes se han destinado recientemente para denunciar un sistema actual en el que unos pagan proporcionalmente mucho menos que otros. Otras tantas líneas se han destinado para contar las consecuencias de estas injusticias, llamándole desigualdad.

Lo cierto es que los datos son estremecedores. Mientras un 1% de la población acumula casi la mitad de las riquezas del mundo, 1.400 millones de personas viven en situación de pobreza.

La teoría nos dice que la pobreza va más allá de la falta de ingresos. Se manifiesta también en un acceso restringido a servicios básicos y la vida digna. Estos servicios básicos y vida digna sólo pueden garantizarse a través del cumplimiento de los derechos humanos.

Sistemas injustos desde la raíz

Las fronteras económicas y políticas de los Estados son cada vez más difusas. Vivimos en un mundo globalizado donde una persona en Tokio puede fabricar productos en Brasilia y a su vez venderlos en Madrid. Esta disolución aparente de las fronteras debiera obligar al establecimiento de mecanismos de control para el flujo de capitales de un lado al otro. Estos mecanismos no son otros que sistemas fiscales que promuevan la transparencia, una tributación justa y una vigilancia para que no se promuevan fenómenos como la evasión o la elusión fiscal.

Actualmente ocurre todo lo contrario. El sistema fiscal internacional y las escasas medidas contundentes para reforzarlos permiten que muchas empresas transnacionales eludan el pago de los impuestos que les corresponden.

El fraude fiscal cuesta cada año a España unos 59.000 millones de euros. Se calculaba en 2013 que el 71% del fraude fiscal en España correspondía a las grandes empresas y las grandes fortunas. Lejos de ser un fenómeno aislado, esto es una tendencia global. En 2015 un informe denunciaba que el continente africano pierde aproximadamente 6.000 millones de dólares al año sólo por la evasión fiscal.

Pero, ¿qué tiene que ver la evasión y el fraude fiscal con los derechos?. Pues más de lo que nos imaginamos. Varios informes del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación concluyen que los sistemas fiscales están directamente relacionados, por ejemplo, con el derecho a la alimentación. ¿Qué pasaría si las empresas que defraudan tuvieran en sus manos el control de lo que comemos?

1 + 1 son 1.400 millones

Con todo lo anterior, es inevitable concluir que esta brecha entre una riqueza tan extrema y una pobreza y desigualdad crecientes, son la punta del iceberg de un sistema profundamente injusto. Se genera riqueza a costa del empobrecimiento de millones de personas. Esto hace que el modelo actual sea insostenible.

Por una parte, los sistemas fiscales actuales son injustos y contribuyen a la perpetuación de la pobreza y de las desigualdades. Por otra, la inacción de los Estados para cumplir con su obligación de cumplir progresivamente los derechos humanos supone una grave amenaza a las personas que viven en situación de vulnerabilidad.

Si no se acompasa la puesta en marcha de políticas para cubrir los derechos humanos con el robustecimiento de unas políticas fiscales que permitan recaudar, de forma más progresiva y justa, todos los pasos serán inútiles.

No puede construirse por un lado lo que se destruye por el otro. En el ámbito internacional es necesario que se cierren las puertas a la opacidad de las empresas y que se pongan por delante los derechos de las personas y del planeta.

En las últimas semanas, tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como la Comisión Europea (CE), han publicado sendos informes sobre la economía española, coincidiendo ambos en lo elevado de los niveles de desigualdad y de pobreza, destacando especialmente el de pobreza infantil.

Así, el estudio económico sobre España de la Organización que agrupa a los 35 países más desarrollados señala expresamente que los niveles generales de pobreza y la pobreza infantil siguen en cotas elevadas, siendo las transferencias en efectivo de tan baja cuantía y deficiente concepción, que apenas contribuyen a su reducción. Y la explicación estaría, según la OCDE, en el elevado índice de desempleo, así como en la falta de empleo de calidad que proporcione suficientes horas de trabajo remunerado y unos ingresos adecuados. Estos factores conllevan el riesgo, tal y como se destaca en el informe, de afianzar las desigualdades, incidiendo negativamente en el crecimiento futuro y en la cohesión social.

La CE, por su parte, en su informe de 22 de febrero último, en el que se hace un examen exhaustivo relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, destaca que La pobreza y la desigualdad en la distribución de la renta son de las más elevadas de la Unión Europea (UE), así como que existe un alto riesgo de que el desempleo se arraigue. Coincide con la OCDE en que la pobreza de las personas en situación de empleo siguió aumentando entre quienes cuentan con contratos temporales o trabajan a tiempo parcial, señalando a los bajos salarios por hora y al bajo nivel de intensidad de trabajo en los hogares como factores causantes de dicha situación. A este respecto, señala que un uso tan extendido de los contratos temporales puede afectar negativamente a la cuestión social y frenar el necesario incremento de la productividad. Y concluye en lo que se refiere a esta cuestión que los efectos redistributivos de los impuestos y de las transferencias sociales siguen siendo inferiores a la media de la UE.

A pesar de dicho diagnóstico, ambos informes, sorprendentemente, destacan como datos positivos, por su contribución a la disminución del desempleo, la reforma laboral y la moderación salarial, con la contradicción que ello supone respecto de lo que acabamos de apuntar. Y a este respecto basta recordar las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, dirigidas al entonces Comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que un indiscreto micrófono abierto recogió en febrero de 2012: “Mañana aprobaremos la reforma del mercado laboral y va a ver que será extremadamente agresiva…”

Pero si la OCDE y la CE insisten, en relación al mercado de trabajo, en seguir planteando las mismas recetas que han provocado la situación de desigualdad y pobreza que, asimismo, destacan como uno de los mayores desequilibrios macroeconómicos, es en el ámbito de sus propuestas tributarias donde alcanzan los mayores niveles de esquizofrenia económica.

Ambos informes proponen profundizar en la sustitución de imposición directa por indirecta, que ya se viene produciendo en los últimos años, recomendando la eliminación o reducción de los tipos reducidos y superreducidos del IVA. Y ello, a pesar de que, como reconocía un informe anterior sobre la economía española, de octubre de 2014, de la OCDE, se trata de una medida regresiva, que obligaría a mitigar el impacto sobre las rentas más bajas mejorando la red de protección social. Protección social que, por el contrario, continúa reduciéndose con las políticas de austeridad que, asimismo, recomiendan y aplauden tanto la CE como la OCDE bajo el eufemismo de “políticas fiscales responsables”.

En este sentido es sintomática la desaparición, del último informe de la OCDE, de las recomendaciones que se incluían en el del año 2014 respecto de la eliminación de la dualidad del impuesto sobre la renta, al señalar que podrían impulsarse la igualdad y la neutralidad inversora sometiendo el conjunto de las rentas, tanto del capital como del trabajo, al mismo tipo marginal. Recomendación que ahora se obvia, al igual que la de revisar el tratamiento de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), de manera que se evite la utilización para eludir el pago de impuestos, que también se incluía anteriormente.

Las recetas fiscales que ahora se proponen, tanto por la OCDE como por la CE, tienen como finalidad “mejorar la eficiencia del sistema” y no pasan por la mejora de la equidad tributaria. Y ello, a pesar que según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 87% de los ciudadanos creen que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene; siendo también abrumadora la mayoría de quienes opinan, en su último barómetro fiscal, que los impuestos deberían recaudarse sobre todo con impuestos directos.

En definitiva, y de continuar, en la línea propuesta por los últimos informes de la OCDE y de la CE, sustituyendo imposición directa por indirecta, la fiscalidad tenderá a alejarse cada vez más del concepto de progresividad. Y así, se podría llegar a configurar un sistema fiscal proporcional alejado del efecto redistributivo que, según establece el artículo 31.1 de la Constitución, debe inspirar nuestro sistema tributario, incrementando aún más la desigualdad en la distribución de la renta. Escenario que evidenciará la esquizofrenia de los informes recién publicados por la OCDE y la CE sobre la economía española y la evaluación de los avances en las reformas estructurales y la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, respectivamente.

Sólo espíritus ingenuos pueden desconocer que la oposición venezolana está instrumentando una estrategia a dos puntas para derrocar al presidente constitucional de ese país. Un sector optó por desatar la violencia en sus variantes más aberrantes como forma de instalar la imagen de una “crisis humanitaria” -producto del desabastecimiento planificado de productos de primera necesidad y la orgía de ataques, saqueos, “guarimbas”, incendios a personas vivas y atentados con “bombas molotov” a escuelas y hospitales- que sirva como preludio a una invasión no menos “humanitaria” del Comando Sur y, aplicando la receta utilizada en Libia para derrocar y linchar a Gadafi, producir el ansiado “cambio de régimen” en Venezuela.

Hay un sector de la oposición que no concuerda con esa metodología porque barrunta que el final puede ser una guerra civil en donde las masas chavistas, quietas por ahora, salgan a dar batalla y pongan fin al enfrentamiento infligiendo una aplastante derrota a los golpistas. Pero esta ala de la oposición, llamémosla institucional o dialoguista (aunque en realidad no sea ni lo uno ni lo otro) estuvo durante estos meses sometida a la intimidación o lisa y llana extorsión de la fracción violentista que juzgaba como una incalificable traición el sólo hecho de sentarse a negociar con el gobierno una salida no violenta a la crisis.

Pero ahora las cosas parecen cambiar, y para mal. ¿Por qué? Porque al parecer las estrategias de ambas fracciones se han unificado bajo la batuta que desde Estados Unidos lleva el Comando Sur (el binomio terrorista formado por el Almirante Kurt Tidd y la ex embajadora en Paraguay y Brasil en tiempos de golpe de estado Liliana Ayalde). Debido a ello los sectores “dialoguista” han convocado, para este próximo domingo 16 de Julio, a un plebiscito o “consulta soberana” que no es otra cosa que la antesala de un golpe de estado porque en dicho ejercicio se le preguntará a la ciudadanía si quiere o no un cambio total e inmediato de gobierno y, simultáneamente, decretar la ilegitimidad de la legal y legítima convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente programada para el día 30 de Julio y que ha registrado ya más de cincuenta y cinco mil candidaturas en todo el país. Pero la oposición no quiere esperar todo ese tiempo y mucho menos competir en una elección con todas las reglas. Por eso montó este ejercicio absolutamente informal, sin ningún tipo de garantías ni registros; ni padrones electorales ni normas de recuento y fiscalización pública, en un país en donde, según lo asegurara el ex presidente James Carter, el sistema electoral es más transparente y confiable que el de Estados Unidos.

Es más, según lo afirmara Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, una vez que las improvisadas mesas receptoras de votos terminaran su recuento y se proclamara el resultado del plebiscito –que obviamente darían el triunfo a quienes votaron derogar de inmediato al gobierno de Maduro- las actas serían quemadas para evitar futuras represalias del chavismo y, de paso, cualquier tipo de verificación independiente. Además, dijo que “el único requisito para poder emitir su opinión en la consulta popular es presentar su cédula de identidad, vencida o no, en cualquiera de los puntos soberanos” y, sin decirlo, dejó entrever que los ciudadanos podrán votar cuántas veces quieran y donde deseen.[1]

Va de suyo que el gobierno bolivariano, como cualquier otro, desconocerá esta patética pantomima lo cual provocará la furiosa protesta de los antichavistas que, atizados por la propaganda de la derecha golpista, se sentirán estafados en su voluntad escalando a nuevos niveles de violencia la confrontación que ya azota al país.[2] Los autoproclamados defensores de la democracia y la república en nuestros países (así como el impresentable Secretario General de la OEA) han expresado su simpatía ante este estallido anómico que celebran como si fuera un venturoso florecimiento del protagonismo de la sociedad civil en Venezuela siendo que no es más que una siniestra maniobra para desatar una crisis que abra la puerta a una invasión del Comando Sur, eventualidad que es reconocida explícitamente por algunos personajes más moderados de la MUD, como el ya mencionado Ochoa Antich.

Habrá que ver qué sucede este próximo domingo en Venezuela, y también cuál podría ser la repercusión en nuestros países. Quienes han manifestado su complacencia con esta iniciativa golpista de la oposición antichavista –políticos del establishment latinoamericano y la “prensa corrupta”, como la designara el ex presidente Rafael Correa- harían bien en pensarlo dos veces. No vaya a ser que aparezcan quienes, inspirados en el ejemplo venezolano, decidan también ellos convocar a una “consulta soberana” para preguntarle a la ciudadanía, ante la grave crisis que afecta a nuestros países, si Mauricio Macri, Michel Temer o Enrique Peña Nieto deben o no continuar ejerciendo la presidencia. Si los sempiternos custodios de la democracia y las instituciones republicanas en Argentina, Brasil o México convalidan –sea abiertamente o con su silencio cómplice- la payasada que se escenificará este próximo domingo en Venezuela no deberían sorprenderse si al cabo de un tiempo una iniciativa similar fuese propuesta para ser llevada a la práctica en estos países.

Para nadie es un misterio que la legitimidad de sus gobiernos está profundamente cuestionada –la estafa post electoral del macrismo, el golpe de la cleptocracia en el Brasil, la abismal crisis política y social en México- y que la crisis económica y las políticas de ajuste han intensificado a tal extremo la explotación y los padecimientos de las masas populares que sería temerario descartar una violenta irrupción de rebeldía plebeya, misma que encontraría en una “consulta soberana” como la que próximamente se realizará en Venezuela, el pretexto ideal para tratar de poner fin, antes de tiempo, a gobiernos repudiados por la gran mayoría de sus ciudadanos.

Los seres humanos viven dentro y fuera de la historia. Esto es lo que los distingue de los animales no humanos. Hacemos historia en la medida en que resistimos a lo que la historia hace de nosotros. Vivimos lo que ya fue vivido (el pasado nunca pasa o desaparece) y lo que aún no ha sido vivido (el futuro es vivido como anticipación de lo que en realidad nunca será vivido por nosotros). Entre el presente y el futuro hay un hiato o un vacío sutil, que permite reinventar la vida, romper rutinas, dejarse sorprender por nuevas posibilidades, afirmar, con la convicción del poeta portugués José Régio, “no voy por ahí”. Lo que irrumpe es siempre una interrupción. La vida es la constante recreación de la vida. De otro modo, estaríamos condenados a la Rebelión en la granja de la que habla George Orwell, a vivir en el pantano de solo poder pensar lo que ya fue pensado.

La combinación de la robótica con el moderno software nos acerca a los primeros eslabones de la inteligencia artificial con crecientes capacidades de control, supervisión y predicción sobre la materia prima de lo que se ha dado en llamar minería de datos masivos (big data). Sin duda todo ello está suponiendo un salto no solo cuantitativo sino cualitativo en la organización y conformación de todos los ámbitos de la vida social.

Sin embargo no es menos cierto que esta tecnología 4.0 (equiparable a los saltos provocados en su día por la electricidad o el vapor) está siendo gestionada de una determinada manera, pues «al desplazar el centro de la economía de los bienes físicos a los flujos de datos» se reforzaría aún más el «poder que ha sido normalmente ejercido por los industriales y financieros dueños de los artilugios, no por las personas empleadas para operarlas» (Carr 2014: 140 y 35).

Es así que la economía 4.0 (dominada por un capitalismo hiperfinanciero digital y por gigantes de la comercialización a escala global) estaría conformando un sector industrial 4.0 a su medida. Nuevos procesos, nuevos productos, nuevos modelos de negocio y costumbres.

Las industrias y los servicios se redefinen actualmente en paralelo, aunque serán los grandes conglomerados financieros y comerciales los que subordinen a los ingenieros de la producción material, con consecuencias más que preocupantes –como aquí resumiremos- en el empleo, en las actividades y productos o en el conjunto de la economía.

Para evitar estas, más que preocupantes, consecuencias de la economía 4.0 se verá que es imprescindible abrir camino a una redistribución del trabajo humano necesario en esa economía. Eso y, en paralelo, hacer lo propio con una nueva forma de redistribución de la riqueza generada con cada vez menos trabajo humano directo.

Ambas redistribuciones definirían una sociedad 4.0 sin la cual la economía 4.0 provocará un creciente deterioro del bienestar social a escala global (y muy particularmente en aquellos países que habían logrado notables avances en ese sentido). Nos referimos a un aumento galopante de la exclusión, la precariedad, el subempleo, la pobreza laboral o la desigualdad. Procesos más relevantes que la tópica mera cuantificación del número de empleos creados o destruidos por la economía 4.0 a escala global y en cada país.

Para avanzar en ambas redistribuciones se trataría de dejar de reducir la jornada laboral media a costa de transformar empleo de tiempo completo a otros de jornada parcial (con ingresos de pobreza), no fijarse como objetivo el incremento de la tasa de actividad en edades previas a la jubilación (55-64 años) sino, al contrario, con contratos de relevo o no retrasar la edad a la que se tiene derecho a cobrar el cien por cien de la pensión y sí, al contrario, abrir camino a una renta mínima para todos los ciudadanos que incentive el reparto del empleo disponible. Serían ejemplos de opciones en las que la economía y la industria 4.0 debieran encajar en una nueva sociedad 4.0.

Una sociedad que, al mismo tiempo, debiera evitar el control de los mercados por las finanzas, los distribuidores y los servicios de big data globales escapando del señuelo del lowcost, evitar la igualación a la baja en los derechos económicos y sociales de la mayoría, así como de las obligaciones fiscales de los más ricos. Pero también escapando de un galopante consumismo lowcost insostenible -social y ambientalmente- a escala global.

Evitar el avance de un mundo en el que los intereses colectivos no disponen de instituciones globales (y cada vez menos estatales), o que nos deslicemos desde los diversos capitalismos nacionales de mercado hacia una salvaje sociedad global de mercado.

La financiación de tales instituciones colectivas (estatales o supranacionales como la UE o a escala global) no puede ya descansar en unos ingresos o cotizaciones sobre un empleo en declive (cualitativo y cuantitativo), menos aun gravando más el consumo de la mayoría, sino sólo con contribuciones crecientes de los propietarios de un capital (industrial, tecnológico, financiero) que acapara una parte creciente de la renta nacional.

Cuando así no se hace nos encontraremos en países que mejoran año a año su producción de riqueza pero en los que, entre otros desastres sociales, sus ingresos públicos van a ser insuficientes para dar cobertura a los pensionistas si se han de pagar los intereses a los acreedores.

Para definir esa sociedad 4.0 es conveniente, en consecuencia, analizar con algún detalle los efectos que está teniendo la economía 4.0, de digitalización masiva, en ausencia de la misma.

Dichos efectos los revisaremos en lo que sigue agrupándolos en tres apartados: los que tendrían que ver con que en esta ocasión el descenso provocado en el empleo no fuese temporal (como en otras oleadas innovadoras), los que tendrían que ver con la independencia, autonomía y propia naturaleza de las actividades automatizadas y los inducidos en otros aspectos de la economía (desigualdad y quiebra del Estado Social).

Una vez hecho lo cual cerraremos nuestro análisis planteando algunas propuestas para abrir camino a las dos redistribuciones (del trabajo y de las rentas) que hace hoy posible la economía 4.0 pero sin las cuales nuestras sociedades empeorarían su bienestar social.

(Hasta aquí la introducción de un DOCUMENTO publicado por la Fundación 1 de Mayo)

Descargar aquí el documento completo: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio101.pdf

Abdellah ha visto a muchos como él que se han ahogado. Él, y los que han conseguido llegar, ya no están en pateras inestables sino en chabolas hechas de palés, cubiertas de plásticos reutilizados sobre un suelo de tierra y arena. Ya no beben agua llevada consigo desde tierra firme sino almacenada en bidones azules que antes contenían venenos. Ya no tienen necesidad de remar en búsqueda de tierra a la vista, pero cuando avistan una oportunidad de trabajo corren hacia ella y a codazos y empujones intentan dejar atrás a otros como ellos.

Y aunque no han sido rescatados por Salvamento Marítimo, el único servicio sanitario que les atiende es Médicos sin Fronteras. Sus patologías son dermatológicas, no por exposición al sol pero sí por exposición a pesticidas y fertilizantes. Que también acaban con el funcionamiento de sus riñones. Los días que ganan la carrera, entonces sí encuentran sustento, cual madero donde flotar. Tras más de ocho horas de tutorar tomates o recoger pepinos, calabacines y berenjenas, reciben 20 euros.

Esta realidad la narra el documental ‘Los náufragos del mar de plástico’, de Gilles Gasser y Jean-Marie Barrère, con testimonios e imágenes rodadas en Almería, la huerta de la Europa de las vallas, un océano de 30.000 hectáreas de plástico visible desde el espacio y donde a diario también se ahogan muchas personas.

Algunas similitudes podemos encontrar con las reivindicaciones que estos días de recogida de fruta volvemos a escuchar, como ya sucede durante demasiados años, en boca de las y los temporeros en Lleida que algún día llegaron de Marruecos, Gambia o Mali. También hablan de contratos que no existen, de salarios ilegales por debajo del convenio y por debajo de los mínimos para vivir, y de estar en torres abandonadas, granjas o en la calle, o no poder ni lavarse en las fuentes del pueblo porque les cortan el agua.

Sin justificar al sector agrario de Almería o Lleida que permite y solidifica esta situación, ni desde luego la falta de voluntad política de las administraciones respectivas, mucho tiene que ver en todo esto el poder de las grandes superficies de la distribución alimentaria. Al concentrarse el poder de este eslabón de la cadena alimentaria en muy pocas manos –en Catalunya, los 10 primeros operadores comerciales concentran el 77,4% del total de la oferta comercial, destacando los grupos Carrefour+Dia (20,4%),Mercadona (14,7%) y Caprabo-Eroski (12,21%)–, y sin regulaciones que lo impidan, se permiten decidir a su conveniencia el precio a pagar a quien produce los alimentos y el que cobrar a quienes los consumimos.

El mes pasado, mientras a sus proveedores les pagaban 0,20 euros el kilo de berenjenas, 0,12 el de calabacines o 0,19 el de pepinos, vendían estos productos en sus estanterías a 1,75, 1,55 y 1,86 euros, respectivamente. Es decir, entre nueve y doce veces más caro. Un actor invisible pero protagonista de este documental.

El Periódico de Catalunya, 7 de julio de 2017.

PALABRE-ANDO

Me parece una obviedad resaltar que la transición de la dictadura a la democracia se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras, que controlaban el aparato del Estado dictatorial y la gran mayoría de los medios de información en el país. Las fuerzas democráticas, lideradas por las izquierdas, por el contrario, acababan de salir de la clandestinidad y estaban en una situación de claro desequilibrio de fuerzas en las mesas de negociación donde se pactaba la transición. Ni que decir tiene que las movilizaciones obreras en los grandes centros urbanos del país jugaron un papel clave en el fin de aquella dictadura, forzándola a abrirse. Pero no tuvieron la suficiente fuerza para romper con el régimen anterior, y a nivel político-institucional los partidos democráticos, incluyendo los partidos de izquierda, estaban poco desarrollados (con la parcial excepción del Partido Comunista, que lideró la lucha contra el régimen dictatorial, y que era el enemigo nº 1 de las fuerzas conservadoras, que tenían como objetivo su marginación).

Como resultado de aquel enorme desequilibrio entre los partidos conservadores por un lado, y los paridos demócratas liderados por las izquierdas, por el otro, las leyes y la Constitución Española, producto de aquella transición, estuvieron sesgadas a favor de los primeros a costa de los segundos desde el principio. Todavía hoy, cuarenta años después de la transición, medidas como la posibilidad de hacer referéndums a nivel estatal, autonómico y municipal son extremadamente limitadas, sujetas siempre a la aprobación por el Estado central. Y el Estado del Bienestar resultado de aquella transición es un Estado poco financiado, con un gasto público social (que incluye el dinero público asignado a sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías-, servicios domiciliarios y un largo etcétera) por habitante que continúa siendo de los más bajos de la Unión Europea de los Quince -UE-15-, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país. Anagrama, 2002).

La constante referencia a la necesidad de respetar la ley en la democracia

 Una de las consecuencias del dominio que las fuerzas conservadoras han tenido en el desarrollo de las leyes en España (y en el aparato jurídico que las sustenta) es la constante referencia a la ley como punto de autoridad, ley que sistemáticamente las favorece. Lo hemos visto en múltiples ocasiones durante el periodo democrático. Y el caso más reciente ha sido la respuesta del establishment político-mediático del país, centrado en la capital del Reino (que tiene muy poco que ver con el Madrid popular), el cual, frente a las demandas expresadas por el gobierno de la Generalitat de Catalunya de realizar un referéndum en el que se pudiera expresar la voluntad de la ciudadanía española que vive en Catalunya sobre su articulación con el resto de España, ha prohibido a esta de realizarlo, utilizando gran número de medidas represivas.

Y el justificante para tal represión es, una vez más, la necesidad de respetar la ley (que, como resultado de su enorme poder, está jugando a su favor). De ahí el enorme respeto hacia el orden y la ley dentro del discurso conservador, lo cual ocurre en la mayoría de países occidentales. Pocos saben en Europa, por ejemplo, que el 1º de Mayo, celebrado en todo el mundo como el día del trabajo (en homenaje a los trabajadores de Chicago que fueron asesinados por las fuerzas policiales del orden, en su defensa de lo que se transformó en norma de trabajo -trabajar 8 horas al día-), se conoce en EEUU, según una ley aprobada por el Congreso Estadounidense, como el día del Orden y de la Ley, siendo el único país en el mundo en el que no se celebra el 1º de Mayo.

La llamada al orden y a la obediencia a la ley por parte del Monarca

Ley y orden han sido siempre los reclamos del poder. Quedó claro en el discurso profundamente conservador del Monarca Felipe VI en el día de la celebración de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. El elemento destacado en su discurso fue su llamada al respeto y al cumplimiento de la ley en un momento de gran agitación social, resultado de un gran descontento y rechazo hacia las políticas neoliberales impuestas a la población por el gobierno conservador presidido por el Sr. Rajoy (y digo impuestas pues no estaban en sus programas electorales), y de movilización popular en Catalunya pidiendo un referéndum para consultarle a la población su parecer sobre si desea o no seguir perteneciendo al Estado español borbónico. Aun cuando el discurso no hizo ninguna referencia explícita a tal agitación social, el mensaje principal era la necesidad de respetar el orden y la ley, mensaje dirigido a aquellas opciones políticas consideradas potencialmente como la mayor amenaza a su permanencia en el poder, categoría en la cual se colocan las izquierdas y los partidos nacionalistas llamados “periféricos”. El Monarca no citó que dicho orden y dicha ley han estado discriminando a tales partidos, produciendo durante el periodo democrático una enorme sub-representación parlamentaria del Partido Comunista y de sus alianzas (como IU) y una continua imposición de una visión uninacional del Estado español, en la que el establecimiento de las CCAA era visto como un paso (el café para todos) para impedir el desarrollo de la plurinacionalidad del Estado español.

Las leyes no representan la voluntad popular, sino las relaciones de poder en el momento en que se aprueban

Este sesgo en las leyes (incluyendo en la Constitución) a favor de las fuerzas conservadoras en el país ha continuado durante todo el periodo postdictatorial. Cualquier observador de los sistemas democráticos existentes en los países capitalistas con un nivel de desarrollo económico semejante al español, puede fácilmente detectar las muchas limitaciones que se perciben en la democracia española, las cuales reducen en gran medida las posibilidades de decisión y participación de la ciudadanía en el campo de tales leyes, que consideran injustas. Esta llamada al acato a la ley se justifica con el argumento de que la ley siempre es el producto de la soberanía popular, y que, como tal, traduce los deseos de la ciudadanía. Pero la evidencia cuestiona este supuesto de que la ley representa la voluntad popular, mostrando que en realidad es la síntesis de las coordenadas de poder reflejadas en el momento en el que la ley es aprobada. Y estas coordenadas de poder, en el sistema llamado democrático español, distan mucho de reflejar la voluntad de la ciudadanía, lo cual requeriría que cada ciudadano debería tener la misma capacidad de decidir sobre el quehacer público. La evidencia de que ello no es así es clara, contundente y abundante. Los gobiernos españoles (y autonómicos, como es el caso de Catalunya) constantemente aprueban leyes que no tienen la mayoría de los ciudadanos a su favor, debido a la escasa proporcionalidad de las leyes electorales del país. En realidad, las fuerzas liberales (el partido Convergencia Democrática –CDC–, hoy PDeCAT) y conservadoras (el partido cristianodemócrata Unió Democràtica –UDC-, hoy desaparecido) que han gobernado Catalunya durante la mayoría del periodo democrático han mantenido, sin cambiarlas, muchas de las leyes transferidas del Estado español, como la ley electoral, a fin de mantener su escasa proporcionalidad, que favorece a los partidos gobernantes. Como consecuencia de ello, la coalición de partidos independentistas Convergència (ahora PDeCAT), ERC y la CUP, que constituyen la mayoría del Parlament de Catalunya, representan una minoría del electorado, que gobierna en contra de la mayoría de la población catalana. Sumando los votos de los tres partidos independentistas, dan una cifra menor (1.966.508 votos) que sumando los votos de los no independentistas (2.147.736 votos).

Pero el problema es incluso más grave que lo descrito hasta ahora, debido a la enorme influencia que los grupos de presión tienen sobre el proceso legislativo, lo que claramente sesga el resultado de dicho proceso a su favor. Y el caso más claro se produjo precisamente durante la aprobación de la supuesta sacrosanta Constitución. La gran mayoría de la ciudadanía española deseaba el fin de la dictadura y el inicio de la democracia. Y aun cuando tal Constitución contenía muchos elementos de escasa popularidad –como el mantenimiento de la Monarquía-, fueron aceptados pues la alternativa que se presentaba era la continuación de la dictadura. El continuo temor hacia el establishment político-militar, que marcó el contexto en el que se aprobó la Constitución, explica su aprobación por la ciudadanía. Es lógico, por lo tanto, que nuevas generaciones que han perdido el miedo y el temor deseen cambios sustanciales en el sistema democrático español y en su Constitución que recojan el sentir de las nuevas generaciones en un nuevo contexto en el que el miedo y el temor ya no existan.

Relevancia de lo dicho para entender la situación en Catalunya

 La oposición por parte del gobierno de Rajoy a lo que se llama el referéndum de Catalunya, aduciendo que la Constitución no lo permite, es predecible. Tal prohibición no permite entonces realizar un referéndum, pues las garantías que configuran el contexto democrático necesario para realizar un referéndum no son posibles en tal situación. Desde el establecimiento de un censo electoral hasta la necesidad de apoyo institucional por parte de los municipios, además de la necesaria diversidad en los medios públicos que refleje todas las opiniones existentes en el debate (cosa que no ocurre hoy), son requisitos para el desarrollo de un contexto auténticamente democrático que permita el referéndum. Un proceso democrático es mucho más que votar en unas urnas, hecho que deliberadamente se olvida o manipula en el argumentario de muchas fuerzas pro-independentistas. En realidad, la prohibición de realizar el referéndum y alcanzar un pacto permite, e incluso favorece, que tales fuerzas actúen sin dichas garantías, instrumentalizando en exceso tal proceso de consulta, transformándolo en algo distinto a un referéndum, dejando a este fuera de juego, siendo sustituido por algo distinto: un proceso de movilización popular a favor de la independencia (liderada por aquellos partidos) que probablemente concluya con unas elecciones. Es, pues, más una estrategia electoralista que no una consulta o referéndum, dentro de una ley electoral escasamente representativa, que, como he indicado anteriormente, les da una mayoría parlamentaria que no es representativa de la mayoría del electorado.

Esta situación, escasamente democrática, se acentúa todavía más por la exclusión de otros partidos y movimientos sociales, como los sindicatos, favorables al referéndum (reunidos en el Pacto Nacional), en la gestión del proceso. Su gestión del proceso alcanza niveles de clara manipulación, pues controlan todos los aparatos de la Generalitat de Catalunya, incluyendo sus medios de comunicación. Es más, en contra de lo que aparenta, los partidos independentistas son los más favorecidos por la prohibición del referéndum, convirtiendo el mal llamado referéndum en una campaña de movilización en apoyo de tales partidos. Nos encontramos, pues, con que la captura del soberanismo (que es el derecho a decidir) por parte del independentismo está haciendo un flaco favor a tal soberanismo, pues el posible fracaso del independentismo se interpretará y presentará como el fracaso del soberanismo. Ahora bien, los que están a favor del referéndum tendrán que comenzar de nuevo el día 2 de octubre, recuperando el proyecto soberanista, colaborando con otras fuerzas hermanas a lo largo del territorio español en cambiar España, facilitando así que, en una redefinición de España, pueda aceptarse la plurinacionalidad, y con ello el derecho a decidir de todos los pueblos y naciones de España. Y esto no es lo que desea el PDeCAT, el partido que lidera Junts pel Sí. Hay que recordar que el PDeCAT no votó a favor de expulsar al gobierno Rajoy en la moción de censura hecha por Unidos Podemos. Lo que más desea tal partido, por encima de todo, es continuar en el poder, y seguir controlando la mayoría de los aparatos de la Generalitat de Catalunya, haciendo olvidar la enorme responsabilidad que ha tenido en el deterioro social de las clases populares de Catalunya (ver mi artículo “El mayor problema que tiene hoy Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30.06.17).

Debería ser obvio, pues, que sin un cambio en España será dificilísimo realizar un referéndum en Catalunya en condiciones democráticas. Ni que decir tiene que este cambio se presenta como imposible por las direcciones del movimiento independentista. Se ignoran así hechos como el enorme crecimiento de nuevas fuerzas políticas a lo largo del territorio español, de clara vocación republicana, y de compromiso con la plurinacionalidad del Estado español, las cuales han mostrado ya su compromiso con el ejercicio del derecho a decidir. Ignorar esta realidad es esencial para aquellas fuerzas políticas que quieren movilizar y expandir sus bases electorales a base de aumentar la tensión entre Catalunya y España. La transformación de Catalunya está ligada a la transformación del Estado español. Los que no lo vean así, desde los dos polos opuestos en el espectro político y nacional, están retrasando la solución de la enorme crisis social y política que tienen tanto Catalunya como España.

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Publicado en Público.es
vnavarro.org

11/07/2017

Las plataformas españolas en favor del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (Campaña Tasa Robin Hood, ITF ¡Ya! Paraísos fiscales ¡No! y Plataforma por la Justicia Fiscal) consideramos inaceptable la decisión del pasado 7 de julio de los Ministros de Finanzas de la UE de retrasar nuevamente las negociaciones sobre un impuesto a las transacciones financieras (ITF) hasta diciembre. Los Ministros de Finanzas de diez países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Bélgica y España, debían discutir el impuesto en una reunión en Bruselas el lunes 10 de julio, pero desgraciadamente parece que las negociaciones han sido pospuestas por enésima vez.

Después de las alentadoras noticias de finales del año pasado, cuando se anunció un acuerdo sobre los elementos generales del diseño del impuesto, este retraso es un nuevo revés para la sociedad civil europea y las arcas de sus países. Cada día que se retrasa la introducción del Impuesto a las Transacciones Financieras, se pierden decenas de millones de euros. Según la última estimación de la Comisión Europea, un ITF generaría un ingreso anual de hasta 22.000 millones de euros. Eso son 60 millones de euros al día; 2,5 millones de euros por hora; más de 40.000 euros por minuto. Este dinero se necesita con urgencia para cumplir con los compromisos internacionales e invertir en educación, salud global y lucha contra el cambio climático.

En estos momentos, no hay problemas técnicos o económicos que impidan el acuerdo, es la decepcionante falta de voluntad política que los líderes europeos están mostrando la que está dilatando este proceso. Es por ello que exigimos a los 10 países involucrados en la negociación que  y se pongan del lado de la ciudadanía. De esta forma dejaríamos de perder miles de millones de euros que serían de extrema utilidad para atender necesidades sociales en España y financiar bienes públicos globales como la salud, la educación y la lucha contra la pobreza y el cambio climático.

El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”.Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso, en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad ( habeas corpus) de las personas. Todo ello serían síntomas de una peligrosa deriva totalitaria del sistema democrático que tendría como paradigma el llamado “affaire Alsasua”, en el que siete jóvenes de la localidad navarra de Alsasua podrían ser condenados a penas estratosféricas de 52 años de prisión al ser acusados de “delitos de terrorismo” tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y que en su día fue calificado por juristas y por el Jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”.

¿”Terrorismo jurídico” en la sui generis democracia española?

Para entender la actual situación distópica, se antoja necesario repasar la silente deriva involucionista de la actual democracia española. Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1.985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficticia) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González.

La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la Justicia y las Libertades” de 2003 que instauraba de facto “la cadena perpetua estratosférica” al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la “crueldad del régimen de Franco “ que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima). En el paroxismo de la involución, hemos asistido a la reciente modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la ultimísima firma entre Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional” en palabras de Manuel Cancio Meliá (artículo 573.1).

El objetivo último sería criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español, elementos constituyentes de la llamada “perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal” y cuyo penúltimo episodio sería el “affaire Alsasua” que según dictamen del Tribunal Supremo ” tendría encaje en el artículo 573.1 del Código Penal” y en consecuencia será juzgado por la Audiencia Nacional como “hechos constitutivos de un delito de terrorismo” con penas estratosféricas de 52 años para cada uno de los 7 encausados. Ello supondrá un ejercicio de “terrorismo jurídico” por parte del Estado español que generará una inmediata reacción de repulsa popular en todo el Estado español así como institucional (Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra y cargos autonómicos de Podemos) y que terminará necesariamente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

La espiral del silencio de la mass media del establishment español

La mencionada deriva totalitaria del Estado español estaría amparado por la “espiral del silencio” de los medios de comunicación de masas del establishment (PRISA, Vocento, Grupo Planeta, Grupo Godó, Grupo Zeta, Editorial Prensa Ibérica, Unidad Editorial, TVE y Mediaset España), teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libro “La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social” (1977). Dicha teoría simbolizaría “la fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo”, (todo el entorno abertzale es ETA), con lo que se produciría un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva. Sin embargo, la teórica política judío-alemana Hannah Arendt en su libro “Eichmann en Jerusalén”, subtitulado “Un informe sobre la banalidad del mal”, nos ayudó a comprender las razones de la renuncia del individuo a su capacidad crítica (libertad) al tiempo que nos alerta de la necesidad de estar siempre vigilante ante la previsible repetición de la “banalización de la maldad” por parte de los gobernantes de cualquier sistema político, incluida la sui-genéris democracia española, pues según Maximiliano Korstanje “el miedo y no la banalidad del mal, hace que el hombre renuncie a su voluntad crítica pero es importante no perder de vista que en ese acto el sujeto sigue siendo éticamente responsable de su renuncia”.

 Analista internacional