La nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, promulgada vía Decreto Presidencial el 30 de Abril de 2013, profundizó algunos derechos individuales y, por esa vía, modificó los criterios y forma de cálculo de importantes costos laborales.

Para la dirigencia sindical venezolana, la comprensión de estos cambios y de los costos que conllevan resulta fundamental. Ellos/as están obligados/as no solo a informar a los/as trabajadores/as sobre los cambios legales y sus implicaciones, directas e indirectas, sobre los salarios, prestaciones y bonificaciones, sino que además deben recibir los reclamos asociados con el incumplimiento de las nuevas regulaciones, revisarlos con rigor y canalizarlos hacia las instancias pertinentes.

La democracia participativa ha venido desarrollándose, a través de distintas modalidades y mecanismos, desde la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999.

Ciertamente, la intervención directa de la ciudadanía en los procesos de formación de políticas públicas ofrece importantes ventajas: propicia una mayor distribución del poder de decisión; favorece la transparencia en el manejo de los fondos públicos al otorgarle a ciudadanos y ciudadanas el derecho -y el deber- de ejercer la contraloría social sobre los mismos y; fomenta la eficacia de la gestión, ya que permite una mejor articulación entre las demandas de la ciudadanía y los proyectos/programas/servicios que han de ejecutar los distintos órganos e instancias de decisión del Estado.